Mientras miles de familias en el Valle de México enfrentan escasez de agua y deben pagar hasta 2 mil 500 pesos por una pipa, grupos clandestinos sustraen millones de litros del líquido vital sin regulación alguna. Aunque esta práctica —conocida como “huachicoleo del agua”— se extiende con rapidez, aún no está tipificada como delito en el Código Penal. Diputados locales, vecinos afectados y especialistas exigen una respuesta urgente ante una red de corrupción que opera a plena luz del día.
