Hace poco más de un año, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga (Morena) presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que busca eliminar los artículos 144 al 147 del Código Penal y regular la interrupción del embarazo desde la salud pública.
La propuesta, aprobada en comisiones con 15 votos a favor y 6 en contra, aún espera su votación en el pleno. Pero la demora preocupa: cada mes sin debate significa mantener un modelo que castiga, estigmatiza y pone en riesgo la atención médica.
Si se aprueba, la CDMX sería la primera entidad del país en tratar el aborto únicamente como un servicio de salud, lo que representaría un paso histórico para México y un precedente regional en salud pública.
El cambio permitiría fortalecer la atención sanitaria, eliminar la criminalización de pacientes y personal médico, y reducir los riesgos derivados del miedo y la desinformación.
Una paradoja sanitaria que persiste
A pesar de que la SCJN declaró inconstitucional penalizar el aborto y 24 estados ya lo han despenalizado en ciertos periodos de gestación, el procedimiento sigue siendo el único servicio médico regulado desde el derecho penal.
Esa contradicción genera miedo en las personas gestantes, inmoviliza a profesionales y perpetúa la desigualdad de acceso.
“Cuando un servicio de salud se trata como delito, el consultorio deja de ser un espacio de confianza y cuidado para convertirse en un lugar marcado por el estigma y el miedo. Y esa no es la medicina que juramos ejercer.”
— María Eréndira Itami Sordo, ginecobstetra (Edo. Méx.)
Entre enero y septiembre de 2024 se abrieron 592 carpetas de investigación por aborto en México, de las cuales 131 corresponden a la Ciudad de México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la última década, la cifra supera las 6,700 investigaciones.
El mensaje es claro: la criminalización no previene abortos, solo pone en riesgo a las mujeres y al personal que las acompaña.
Una demanda desde los consultorios
La campaña “Así de simple”, impulsada por Salvemos Miles de Vidas México, reúne a médicas, psicólogas y profesionales de distintas regiones del país que respaldan con evidencia científica una demanda justa: sacar el aborto del Código Penal no es ideología, es salud pública.
Blanca Estela Kempis Robles, cirujana y partera en Cuernavaca, advierte que “tratar un procedimiento médico desde el derecho penal genera estigma, incluso dentro de los propios equipos de salud. Necesitamos marcos claros desde la salud pública, no desde la criminalización.”
Sus voces ofrecen sustento técnico, ético y clínico a una demanda justa. Porque el aborto, como cualquier otro procedimiento médico, debe regirse por protocolos, no por sanciones.
“Cuando un servicio de salud se trata como un delito, el consultorio deja de ser un espacio de confianza y cuidado para convertirse en un lugar marcado por el estigma y el miedo”, enfatizan las voceras de la campaña, sintetizando la esencia de un movimiento que busca devolver a la medicina su lugar de cuidado.
A un año de la presentación de la iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, el mensaje sigue creciendo más allá de los muros legislativos: penalizar no protege, cuidar salva vidas. Así de simple.
