Happy Inc. pretende vender BanFeliz, pese a que sus socios son responsables del fraude y quebranto patrimonial de Préstamo Feliz. Mientras tanto, la CNBV evalúa el interés de Grupo Klu, encabezado por Alberto Djemal, cuyo padre fue detenido en Chicago en 2016 por presunto fraude y lavado.
Ambas instituciones habrían acordado el fondeo del banco con recursos provenientes de Klu, avalados por el consejo de BanFeliz, a pesar de que ello va a en contra de la regulación vigente.
Ciudad de México. — En el caso Préstamo Feliz abundan los expedientes. Hay denuncias penales. Hay carpetas judicializadas. Hay personas detenidas con prisión preventiva. Hay un concurso mercantil. Hay exhortos legislativos. Hay procedimientos abiertos en Estados Unidos. Y ahora, sobre la mesa, la posibilidad de que BanFeliz —la institución bancaria vinculada al mismo universo empresarial— cambie de manos. Lo que sigue sin aparecer, después de meses, es la única respuesta que interesa a miles de familias afectadas: cómo van a recuperar su dinero.
Préstamo Feliz: 11 denuncias en Nuevo León y reclamos por 2 mil 500 millones de pesos
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ha reportado al menos 11 denuncias relacionadas con Préstamos Felices en 15 minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. —conocida como Préstamo Feliz—, mientras dos carpetas judicializadas concentran reclamos cercanos a los 2 mil 500 millones de pesos. La dimensión del asunto creció cuando trascendieron procedimientos abiertos en Estados Unidos, relacionados con financiamientos otorgados a la empresa y a sociedades vinculadas.
Una parte de los acreedores permanece dentro de un concurso mercantil promovido por los fondos offshore CRC Capital Release Fund III y CRC Single Investor Fund VI. Y el concurso mercantil tiene una característica que rara vez aparece en los discursos institucionales: no garantiza por sí mismo que todos recuperarán la totalidad de sus recursos. Su función es ordenar obligaciones, reconocer acreedores y preservar activos. Cuando los recursos disponibles resultan insuficientes, alguien absorbe las pérdidas. Puede ser el inversionista. Puede ser el pensionado que colocó una liquidación. Puede ser la familia que confió parte importante de sus ahorros.
Dos congresos preguntan por BanFeliz: exhortos de Nuevo León y del Senado de la República
El caso ya no es únicamente un asunto de fiscales y jueces. Primero fue el Congreso del Estado de Nuevo León, con un punto de acuerdo presentado por el diputado morenista Mario Alejandro Soto Esquer, que exhortó a la Fiscalía estatal, a la CONDUSEF y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a intervenir. Después vino el Senado de la República, con un exhorto del senador Carlos Humberto Suárez Flores, que pidió a la CONDUSEF informar sobre las reclamaciones recibidas y las medidas adoptadas para proteger a los usuarios, y a la CNBV informar sobre las acciones de inspección y vigilancia realizadas o en curso.
La diferencia es fundamental: el Congreso ya no está preguntando solamente qué harán las autoridades. Está preguntando qué hicieron. Una cosa es prevenir una crisis. Otra, administrar sus consecuencias cuando el dinero ya está comprometido.
El Senado fue explícito en un segundo frente: exigió que la CNBV revise la capacidad financiera, la solvencia, la experiencia, la integridad, la honorabilidad y la idoneidad de quienes busquen asumir directa o indirectamente el control de BanFeliz, además del origen lícito de los recursos destinados a una eventual operación. La redacción resulta particularmente fuerte para un exhorto legislativo y refleja el nivel que ha alcanzado la preocupación política.
Grupo Klu, encabezado por Alberto Djemal, aparece como interesado en comprar BanFeliz
BanFeliz, S.A.P.I. de C.V. surgió de la adquisición de Banco Forjadores al grupo peruano ACP en 2024 y ha tiene un vínculo innegable con el Grupo Financiero Happy Inc., dueño también de Préstamo Feliz: tienen a los mismos accionistas, pesé a que se bajó de la estructura a Fernando García Sada, hoy en prisión preventiva domiciliaria. El exdirector general de la SOFOM, Sergio Jesús Elizondo Torres, se mantiene como accionista en ambas organizaciones, sin contar a otros consejeros y accionistas menores.
En ese contexto, Grupo Klu, encabezado por Alberto Djemal, comenzó a reunir inversionistas para explorar la compra de BanFeliz. Fuentes financieras consultadas señalan que la autoridad ya conoce el interés del grupo y la aprobación de la operación estaría muy avanzada.
Dentro del sector prevalece la percepción de que Carlos Djemal, padre de Alberto, mantendría influencia alrededor de la transacción, lo que marcaría su eventual regreso al sistema bancario mexicano.
El antecedente es concreto. Carlos Djemal fue exaccionista de InvestaBank, institución surgida en 2014 tras la adquisición de las operaciones de Royal Bank of Scotland en México. En noviembre de 2016 fue detenido en Chicago y acusado en una corte federal de Manhattan por presuntamente participar en una red de fraude y lavado de dinero relacionada con devoluciones ilegales de IVA, por más de 100 millones de dólares. La CNBV y Hacienda optaron entonces por mantener vigente la licencia bancaria mientras la institución se reconfiguraba. El banco quedó después en manos de Moisés Cosío y operó como Accendo Banco. La autoridad terminó por revocar esa licencia en septiembre de 2021 por incumplimientos regulatorios y problemas de capitalización.
Vender BanFeliz no puede borrar las deudas del grupo: quién cobraría la operación
Si BanFeliz tiene un valor económico y sus actuales accionistas venden sus participaciones, la pregunta esencial es: ¿quiénes recibirían el producto de esa operación? Y otra más importante: ¿pueden esos recursos tener alguna relación jurídica con las reclamaciones de los acreedores de Préstamo Feliz? La respuesta depende de hechos corporativos, contratos, estructuras accionariales, operaciones entre partes relacionadas y resoluciones judiciales que deben conocerse antes de sacar conclusiones.
Nadie puede afirmar sin pruebas que una eventual venta de BanFeliz pretenda ocultar activos. Tampoco puede asumirse automáticamente que la operación carece de consecuencias para los intereses de los acreedores. Precisamente por ello, el exhorto del Senado pide a la CNBV dar seguimiento a cualquier operación corporativa o modificación accionaria que pudiera afectar los derechos de acreedores, inversionistas o usuarios, y prevenir que operaciones empresariales puedan utilizarse para ocultar, transferir, disponer o sustraer activos en perjuicio de quienes tengan derechos reconocidos.
No basta con conocer el nombre de la empresa interesada. Hay que saber quién está detrás del capital. Quiénes participarían como inversionistas. Cuánto aportaría cada uno. De dónde provendrían los recursos. Y cuál sería la estructura final de control. El caso exige además conocer la fotografía corporativa exacta de BanFeliz antes de cualquier operación: accionistas, porcentajes de participación y cualquier operación relevante con partes relacionadas. Sobre todo, ante las versiones que señalan que hay accionistas y consejeros que se repiten de un lado y del otro de los participantes en la transacción.
Solo como ejemplo, el consejo de administración de BanFeliz que era presidido por Fernando García Sasa, pasó a manos de Alfonso J. González Cárdenasy hace unas semanas, se designó a Enrique Barrera Betancourt, un esquema corporativo que le permite a García Sada mantener el control a pesar de desvincularse formalmente del banco. De esta manera se mantiene el fondeo del banco de manera poco clara, se presume que a través de la triangulación de fondos utilizando una institución de fondos de pago electrónico (IFPE) que pertenece a Grupo Klu, sin mencionar que solo el uso de fondos de este tipo de instituciones va en contra de la regulación aplicable.
El silencio de la CNBV: preguntas que llevan semanas sin respuesta
Las preguntas que hoy circulan en el Congreso, en los medios y entre acreedores son concretas. ¿Existe formalmente una solicitud para adquirir BanFeliz? ¿Quién pretende comprarlo? ¿Quiénes participarían como inversionistas? ¿De dónde provendrían los recursos? ¿Qué relación existe entre los accionistas y consejeros de ambas organizaciones? ¿Puede una eventual operación afectar directa o indirectamente la recuperación de recursos reclamados por acreedores de otras sociedades vinculadas?
No se trata de pedir que la CNBV prejuzgue, revele información legalmente reservada o bloquee una operación por presión política. Se trata de algo más básico: que explique públicamente lo que legalmente pueda explicar. Que aclare si existe una solicitud formal de cambio de control. Que explique los mecanismos regulatorios aplicables. Que establezca si el caso Préstamo Feliz tiene alguna incidencia jurídica o patrimonial sobre BanFeliz, o si por el contrario se trata de patrimonios completamente separados.
La ausencia de información alimenta inevitablemente las dudas. Cuando una institución bancaria puede cambiar de dueño mientras existen reclamaciones multimillonarias alrededor de empresas vinculadas con integrantes de su estructura empresarial, la transparencia adquiere una relevancia que trasciende cualquier operación privada.
Primero deberían venir las respuestas. Después, los negocios
Hoy el expediente Préstamo Feliz–BanFeliz tiene fiscales, jueces, legisladores y reguladores. También tiene una posible operación bancaria. Pero sigue faltando el personaje principal: el dinero de los afectados. Mientras no pueda explicarse qué activos respaldan las obligaciones, qué patrimonio permanece disponible y cuánto podrán recuperar los acreedores, cualquier solución corporativa dejará abierta la pregunta fundamental.
El problema no aparece cuando una institución bancaria cambia de dueño. Eso forma parte de la actividad empresarial. El problema es el contexto en el que podría realizarse esa operación: reclamaciones multimillonarias, denuncias penales en dos países, un concurso mercantil abierto y un antecedente regulatorio —Investabank y su desenlace en Accendo— que el sector financiero recuerda con precisión.
La CNBV ya no está frente a una pregunta hipotética. Está frente a un asunto observado por acreedores, legisladores, inversionistas y usuarios del sistema financiero. Y ya no basta con supervisar. También tendrá que explicar. Porque una cosa es cambiar de accionistas y otra, muy distinta, es cerrar una operación mientras miles de acreedores todavía esperan conocer cómo recuperarán su dinero y además que las manos a las que se pasa una institución bancaria tengan también antecedentes cuestionables.
